Cuba en los orígenes del constitucionalismo español.

Todavía hoy, cuando los españoles quieren consolarse de una gran catástrofe, dicen “más se perdió en Cuba”, refiriéndose a la emancipación de la isla respecto del Imperio español en 1898. Esto se debe a que la “siempre fiel isla de Cuba” fue la más española de todas las colonias que tuvo la Corona en sus cuatro siglos de dominación en las llamadas Indias Occidentales, y a que se independizó (junto a Puerto Rico y las Filipinas) casi un siglo después que el continente hispanoamericano. Acontecimientos que enfrentaron a los españoles al hecho incontrastable de que habían perdido el imperio donde, otrora, “no se ponía el sol”.

No es pues de extrañar que para entender la realidad histórico-jurídi-ca peninsular del siglo XIX español, haya que tener en cuenta las múltiples influencias ejercidas por los intereses sociopolíticos y económicos de los americanos —entre ellos, los antillanos— en el proceso constitucional de una monarquía que, en esa misma época, pasaba del Estado absolutista al Estado liberal, mientras se libraba de la relativamente breve invasión francesa y daba a luz a la famosa Constitución de Cádiz.

Esta interacción entre la metrópoli y su entonces colonia de ultramar (Cuba), después del primer cuarto del siglo XIX, ha sido objeto de un ingente número de estudios realizados, tanto por investigadores cubanos como españoles, en las áreas de las historias política, jurídica, social y económica, sobre todo en el lapso que va de 1878 —año en que se produjo una cierta apertura política resultado del Pacto del Zanjón al término de la Guerra de los Diez Años (1868-1878)— hasta el momento en que por el Tratado de París (diciembre de 1898) la Corona española renunció a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba, la cual se convirtió durante cuatro años en un protectorado estadounidense.

Ahora bien, la mayoría de dichos estudios —además de tratar los movimientos separatistas y anexionistas— han desarrollado una dualidad entre los grupos autonomistas y reformistas en el siglo XIX, debido a que han dedicado sus investigaciones a la segunda mitad del mismo, pasando “de puntillas” por la etapa en la que, en el contexto del constitucionalismo español, según acertadamente dice Antonio F. Franco, autor del libro que hoy reseño: “eclosionan los verdaderos orígenes de las ideas descentraliza-doras cubanas: el lapso de 1808-1837”.

Es por eso que Franco propone el término de “descentralización” o “ideas descentralizadoras” para tratar en conjunto los dos movimientos que implicaron dicha dualidad. Es por eso, también, que acota su objeto de investigación al periodo histórico que va desde la promulgación de la Constitución napoleónica (Carta Otorgada) de Bayona (1808) —donde se trata ya del llamado “problema americano” y se convocan para su realización a naturales de América residentes en la metrópoli como representantes supletorios— hasta la Constitución de 1837, donde se estableció que las provincias de ultramar que todavía le quedaban a la Corona serían gobernadas por leyes especiales (principio de especialidad). Y es por eso, por último, que escoge como objeto sustancial de su estudio las tres propuestas constitucionales descentralizadoras que elaboraron dos ilustrados cubanos y un abogado y funcionario público —José Agustín Caballero (1811), Félix Varela (1823) y Gabriel de Sequeira (1822) —, propuestas muy poco estudiadas por la historiografía hispano-cubana. La razón para escogerlos es considerar que estos proyectos fueron el origen de las ideas descentralizadoras que desarrollaron los autonomistas y reformistas durante todo el siglo. Como bien dice el autor: “analizar el complejo proceso político-jurídico por su última etapa de desarrollo sin antes haber hurgado profundamente en su génesis… conduce a ver dos fenómenos diferentes donde sólo hay uno, y a la falacia de doblar el objeto de conocimiento”. Estoy de acuerdo, entre autonomismo y reformismo hubo sólo diferencias de matices. Los reformistas cubanos de fines del siglo fueron herederos del autonomismo. Y sus ideas descentralizadoras tuvieron como génesis los proyectos constitucionales de estos tres estudiosos del primer cuarto de siglo.

Después de una amplia y clara “Introducción”, la obra, compuesta de tres partes, analiza en la primera —dividida en dos capítulos— el contexto en que se dio la Carta de Bayona durante la invasión francesa; la inserción en ella del principio de “igualdad territorial”, mediante el cual Napoleón, consciente de la importancia política de ganarse a los americanos, otorgaba los derechos individuales propios del liberalismo imperante a los habitantes, tanto de la península como de ultramar, y creaba el Ministerio de Indias con el fin de controlar y dar cabida a las inquietudes surgidas en dichos territorios. Y termina señalando la escasa influencia de Cuba en ese momento del incipiente constitucionalismo español.

En el capítulo II, denominado “El contexto patriota”, el autor narra, con lujo de detalles, la lucha que se dio en España contra la invasión napoleónica, el levantamiento de Sevilla después de los cruentos acontecimientos del 2 de mayo en Madrid, la creación de las juntas provinciales y la Junta Central, la elaboración de la Constitución de Cádiz y, por supuesto, sus consecuencias en las provincias ultramarinas, así como la intervención de los diputados americanos —en especial, los cubanos Andrés de Jáure-gui, por el Ayuntamiento de La Habana, y Juan Bernardo O’Gavan, por el de Santiago de Cuba— en las Cortes de Cádiz, donde dejaron su impronta, sobre todo en lo relativo al problema de la trata de esclavos.

Destaca también la voluntad de los peninsulares de corresponder a la lealtad y patriotismo manifestado por las provincias americanas en la difícil coyuntura política que sufría la metrópoli. Por tal razón, las Cortes discutieron sobre la necesidad y conveniencia de que las provincias de ultramar tuviesen representación en ellas, atendiendo no sólo a la lealtad mostrada a Fernando VII, sino también a razones políticas y económicas. Como bien dice Franco, tuvieron en cuenta “los ingentes recursos que podrían aportar a la causa peninsular, y el inocultable interés por conjurar… los peligros de las potenciales ideas separatistas que podían incubarse en las distantes provincias”. Todo ello para llegar a la conclusión de que, al igual que en Bayona, en Cádiz se impuso el “principio de igualdad territorial” que se caracterizó por otorgarle representación parlamentaria en las Cortes españolas a los territorios de ultramar, por elevar a rango constitucional la igualdad jurídica entre la metrópoli y los susodichos territorios, y por reforzar la presencia americana en los principales órganos del Estado.

En relación a la igualdad de derechos entre peninsulares y americanos, el autor opina —y yo estoy de acuerdo— que fueron las circunstancias del momento histórico que se vivía:

las que determinaron la utilización del principio de igualdad territorial para articular las relaciones entre la metrópoli española y sus posesiones coloniales, lo que… permitió construir la ficción jurídica de establecer relaciones de igualdad entre territorios relacionados por vínculos coloniales y. crear una cortina de humo para velar las relaciones de subordinación territorial ínsitas en todo vínculo colonial.

“La alternativa descentralizadora cubana (1811-1823)” es el título de la tercera parte del libro, se divide en tres capítulos (III, IV y V), y es, además, la parte sustancial de la obra. En ella, el autor analiza, cronológica y exhaustivamente, los tres proyectos constitucionales de Caballero, Sequeira y Varela, atendiendo al principio descentralizador que propone, y situándolos todos en su contexto histórico.

La propuesta descentralizadora de José Agustín Caballero fue la manifestación más temprana de que se tiene conocimiento en la historiografía política y constitucional cubana. Se trata de la Exposición a las Cortes españolasque Caballero envió a Cádiz a través del diputado Jáuregui, aunque nunca llegó a ser tenida en cuenta. Ha sido poco trabajada por los especialistas, entre otras causas, porque no se conoció su texto hasta que se publicó la obra póstuma de Alfredo Zayas, quien fuera presidente de la República de Cuba y que la retuvo hasta su muerte. El documento, gestado en el seno de la Real Sociedad Patriótica de La Habana y aparecido en 1942, recoge la postura de la sacarocracia esclavista criolla, de la cual tanto Caballero como Jáuregui formaban parte. De inspiración anglófila y avalada por Francisco de Arango y Parreño, la postura propugnada por Caballero era salvar la unidad de la nación española en los difíciles momentos de la invasión napoleónica, y ante los primeros intentos de independencia de las provincias ultramarinas en el continente. “La salvación de la Patria (española), la defensa de la integridad del Estado español y la integración del corpus de la nación española configuraban, pues, el marco jurídico-político [dice el autor], en el que Caballero pretendía incardinar la voluntad de autogobierno insular que articularía en su proyecto des-centralizador”. Para ello, con sentido de oportunidad, el clérigo habanero manifestaba que “debía ser esta la ocasión favorable de alterar nuestra antigua Constitución”, y reclamaba a la metrópoli modificar el sistema de gobierno existente en los territorios de ultramar, de inequívoca impronta centralista. Partidario de la descentralización, el verdadero objetivo político de Caballero, y así lo expone en el preámbulo de su Exposiáón…, era “que las Cortes generales nos declaren y confirmen prácticamente el [derecho] que nos asiste a conocer nuestros negocios domésticos y de acordar para ello lo conveniente, a reserva siempre de la ulterior sanción de la Suprema Potestad nacional”. De esa manera, pensaba neutralizar cualquier pretensión independentista a través de la concesión de autogobierno a las provincias americanas, entre ellas Cuba.

En cuanto al proyecto mismo, fueron la convicción monárquica, la defensa del particularismo —no todas las provincias ultramarinas eran iguales ni tenían intereses semejantes—, y el autogobierno como derecho legítimo de los criollos americanos —el derecho de gobernarse a sí mismos, según sus propias palabras— los tres pilares de la propuesta descen-tralizadora de Caballero; propuesta que implicaba la constitución de dos asambleas legislativas —fue el primero en proponer el bicameralismo—: las Cortes Generales o Congreso Nacional en España y las Asambleas de Diputados o Cortes Provinciales para América. En el caso de la Gran Antilla, se llamarían Cortes Provinciales de la Isla de Cuba y “estarían revestidas del poder de dictar las leyes locales de la Provincia en todo lo que no sea prevenido por las leyes universales de la nación”. Así, Caballero delimitó la interrelación normativa que articulaba su modelo: las Cortes Generales que emitirían las leyes nacionales y las Cortes Provinciales que expedirían leyes locales no reguladas por las nacionales, siguiendo el criterio de distribución de materia y no de jerarquía normativa. Esto lo explica al decir que “constituidas las Cortes Provinciales, serían soberanas en el recinto de la isla”, lo cual no implica que Caballero, gran filósofo y conocedor del derecho, se confundiera en los conceptos de soberanía y autonomía. A juicio del autor de este libro: “únicamente intentaba resaltar la potestad o capacidad que pretendía se le reconociera a dicho Parlamento insular (el de Cuba) para producir leyes y darse sus propias normas dentro de los límites configurados por la soberanía del Estado español”.

En resumen, después de un estudio de la Exposición… de Caballero, donde analiza sus propuestas de orden político y económico enviadas a las Cortes de Cádiz, Franco llega a la conclusión de que el presbítero cubano diseñó en su proyecto “un modelo de descentralización política articulado en dos niveles orgánicos”. Por un lado, en un primer nivel, los órganos centrales del Estado español (Cortes Generales y Poder Ejecutivo central); por el otro, en segundo nivel, el órgano insular (las Cortes Provinciales de la Isla de Cuba, investidas de facultad legislativa) que dotaba de poder político a la sacarocracia esclavista criolla. Esto demuestra la voluntad de autogobierno de los terratenientes e ilustrados cubanos de la época; esto es, de gestionar sus propios intereses sin intervención de la metrópoli.

El proyecto de Sequeira se da en el contexto histórico del trienio liberal (1820-1823). Restaurado el orden constitucional roto por Fernando VII y dado el fracaso del sistema centralista, se replantea el debate abierto en las Cortes de Cádiz en torno a la creación de un nuevo modelo de carácter liberal para el gobierno de las provincias de ultramar. Ante esta nueva coyuntura, Sequeira presentó el 12 de abril de 1822, en el Ayuntamiento de Matanzas donde era regidor, un proyecto de reforma a la Constitución de Cádiz bajo el título Variaciones a la Constitución de la monarquía española, para esta isla exclusivamente.

De impronta descentralizadora e incuestionable motivación particularista, el proyecto del abogado era tan audaz, novedoso, ambicioso y adelantado para su época, que las autoridades coloniales lo consideraron un peligro “por pretender alterar la Constitución política de la monarquía española”, y porque su particularismo podría dar lugar a sentimientos de identidad entre los cubanos que, a la larga, se transformarían en independentistas. En efecto, en materia de nacionalidad y ciudadanía, Sequeira establecía dos categorías de ciudadanos para la isla: los españoles y los españoles-americanos, siendo estos últimos los únicos que tendrían derechos políticos en la Gran Antilla. Esto, en palabras de Franco, “apunta la incontestable voluntad de Sequeira de juridificar una identidad insular distinta de la española, y consecuentemente de configurar un cuerpo electoral genuinamente insular”, lo que implicaba una temprana idea de la nación cubana que fue percibida por las autoridades coloniales que calificaron el texto de “peligroso”. Así que lo archivaron y nunca llegó a las Cortes españolas. Además, Sequeira —por desconocimiento o consciente inobservancia, dice el autor— no había tenido en cuenta la rigidez de la Constitución de 1812 que estableció, entre otras medidas de procedimiento, una cláusula de intangibilidad temporal absoluta para su reforma, que distaba mucho de poder cumplirse.

Comparándolo cuidadosamente con el texto constitucional gaditano, Franco analiza el proyecto del regidor de Matanzas. Este proponía para la isla un gobierno integrado por los tres poderes tradicionales. El Legislativo, compuesto por una cámara (Asamblea Española Americana) con amplias facultades y por una especie de Senado (Recto Consejo Consultivo), que tendría como funciones, además de sancionar y vetar las leyes, las de aconsejar al gobernador y proponer las ternas para los principales empleos de la administración pública. El Ejecutivo estaría desempeñado por el capitán general (Real Conservador) nombrado por el rey, pero con facultades limitadas por la Asamblea y asistido por un teniente de Real Conservador (especie de vicepresidente), un secretario general de despacho y cuatro secretarios de Interior, Exterior, Guerra y Marina, y Hacienda. Y el PoderJudicial estaría presidido por una Corte Decisiva deJusticia y seguiría contando con los organismos judiciales existentes: la Audiencia Territorial y los juzgados comarcales. Además, creaba Sequeira un órgano especial de carácter representativo, la Junta de Revisión, que tendría la facultad de revisar, corregir o enmendar su proyecto, siempre que no se separase de “los principios esenciales” que él había articulado. Como colofón de este capítulo, el autor nos dice, y yo coincido con él, que Gabriel Claudio Sequeira “propugnaba para Cuba un modelo híbrido de organización política. con predominio de elementos marcadamente federalizantes, que en el proyecto se mezclan con elementos centralistas y confederales”. Y añade que Sequeira:

no es partidario de la ruptura jurídico-política con España, e incluso tiene especial cuidado en no otorgar potestad constituyente al ente insular, con lo que en cierto modo modera los elementos federales que incorpora a su proyecto, aunque ello no quita que su propuesta pudiese ser calificada de temeraria para la época en que la elaboró, toda vez que en el marco de la concepción centralista predominante cualquier postura descentralizadora era vista como una herejía política, y ello puede apreciarse perfectamente en la reacción de las autoridades coloniales de la isla al conocer la existencia del proyecto.

Atribuido por la historiografía hispano-cubana al padre Félix Varela y Morales —figura emblemática del nacionalismo cubano—, lo cierto es que el Proyecto de instrucción para el gobierno económico-político de las provincias de ultramar, de febrero de 1823, fue suscrito por ocho diputados (peninsulares y antillanos) en las Cortes de Cádiz, entre ellos, el presbítero habanero quien, al intervenir en su redacción y su defensa, puede ser catalogado como el artífice del mismo. Al “Proyecto Varela” dedica el autor el capítulo V de la obra, donde explica, en uno de sus acápites, las distintas posiciones de los diputados en torno a su aprobación o no por las Cortes.

“El principal objetivo declarado del proyecto [dice el autor], consistía en robustecer por todos los medios el poder público en la América hispana. para poner fin a las arbitrariedades que tenían lugar en dichos territorios, corrigiendo los vicios de la administración de ultramar”. O, dicho en otras palabras, “perseguía aplicar el régimen general diseñado para la península ajustado a las particularidades de los territorios de ultramar”. En resumen, la Comisión encargada del mismo —en la cual, obviamente estaba Varela y varios diputados cubanos— se proponía sustituir en las provincias el “gobierno de hombres” que había imperado hasta entonces —no hay que olvidar que para esas fechas España había perdido ya casi todas sus posesiones en el continente americano— por un “gobierno de leyes”, pero sin separase del marco normativo gaditano. Sólo se trataba de flexibilizar la norma —en este caso, la Ley de 3 de febrero de 1823 para el gobierno económico-político de las provincias— para obtener una descentralización administrativa que se ajustara mejor a las particularidades de las provincias americanas, y controlara las arbitrariedades y corrupciones de los funcionarios que la metrópoli enviaba a las restantes colonias, además de darles la facultad de suspender la aplicación de leyes inconvenientes para el gobierno de las mismas.

Las ideas claves en que se centraron las discusiones parlamentarias fueron las relativas a la modificación de los ayuntamientos, diputaciones provinciales y jefaturas políticas en ultramar, las que otorgaban facultad a los jefes políticos superiores insulares para suspender la aplicación de normas creadas por el Legislativo y Ejecutivo central, así como las de suspender de su empleo a cualquier funcionario que no ejerciese funciones jurisdiccionales e impedir la toma de posesión de los nombramientos realizados por el Ejecutivo central a personas “desconceptuadas” en las provincias. En resumen, el grupo de La Habana, con Varela a la cabeza, intentó prevenir y combatir las actuaciones de funcionarios corruptos, lo cual no fue apoyado por los diputados peninsulares.

Sólo me resta añadir que, después de cinco meses y medio de intensa labor parlamentaria, el Proyecto Varela naufragó en las turbulentas aguas de la reacción absolutista de Fernando VII, como naufragó también la obra de las Cortes del trienio liberal. Ante la persecución que sufrieron los diputados liberales, Félix Varela —”el hombre que nos enseño a pensar”, dicen los cubanos—, liberal, doceañista y fundador de la cátedra de Constitución en el Real Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio de La Habana, tuvo que refugiarse en Gibraltar, y de ahí partir hacia Estados Unidos donde se exilió hasta su muerte.

La tercera parte la dedica Franco a explicar la segregación constitucional del “modelo americano” —y en particular del cubano— en el ámbito del complejo y varias veces interrumpido constitucionalismo español. Pasadas las turbulencias del trienio liberal y la breve vigencia del Estatuto Real de 1834, las Cortes Constituyentes de 1836-1837 promulgan una Constitución de transición que pretendió conciliar los intereses de los liberales progresistas y los moderados.

En relación a América, dichas Cortes, entre múltiples conflictos y discusiones muy bien explicadas y documentadas por el autor, deciden que las provincias de ultramar se regirán por leyes especiales; decisión que quedaría incorporada al texto constitucional promulgado en junio de 1837. Esto implicó un cambio drástico en la estrategia política para el gobierno de los últimos enclaves que mantenía España en América (Puerto Rico, Filipinas, algunas islas del Pacífico y sobre todo Cuba), donde había ya señales independentistas (la conspiración de los “Soles y Rayos de Bolívar”) y anexionistas (los planes de invasión de la isla, procedentes de Colombia y México). Lo anterior, unido a que Francisco Dionisio Vives, nombrado capitán general de la isla de Cuba en mayo de 1823, solicitó al rey, basado en el principio de “unidad de mando”, poderes omnímodos para el gobierno de la isla, como el mejor medio de preservar la soberanía española en ella —lo que le fue concedido—, otorgándosele también todas la facultades que las reales ordenanzas concedían a los gobernadores de “plazas situadas”. Esto constituyó una verdadera vuelta de tuerca respecto a lo logrado en tiempos del constitucionalismo gaditano, y representó un verdadero atropello a las libertades individuales de los habitantes de la isla. Además, estas medidas, supuestamente temporales para tiempos de crisis, se perpetuaron prácticamente hasta el final del dominio español en Cuba en 1898, aunque cabe señalar que no todos los capitanes generales de Cuba ejercitaron con la misma intensidad que Vives las facultades omnímodas. Como bien dice Franco, esto fue “el fundamento normativo de lo que hemos denominado modelo autocrático de gobierno colonial en Cuba, que reforzaría la naturaleza colonial del régimen insular, con anterioridad a su constitucionalización en 1837, y sería en la práctica, un claro ejemplo de despotismo colonial”.

Y ¿qué pasó después de la elevación a rango constitucional del “principio de especialidad” establecido para el gobierno de las provincias ultramarinas en la Constitución de 1837? El autor lo explica en un condensado epílogo —recordemos que los límites temporales de su estudio van desde 1808 a 1837— que da fin a la obra. Los textos constitucionales posteriores (1845, 1852 y 1856), promulgados o no, conservadores o liberales, moderados o progresistas, sancionaron el “principio de especialidad” para las colonias restantes hasta 1868, año en que en la Gran Antilla estallaba la primera guerra de independencia hispano-cubana. Esta guerra fue motivo de profunda preocupación para los constituyentes convocados en 1869, que vieron con temor no sólo el perjuicio económico que dicho conflicto suponía para los intereses mercantiles peninsulares en la isla, sino también la posibilidad de que Cuba pudiera perderse para España. Por esto, las Cortes Constituyentes de 1869 emitieron un texto programático en ese año que, siguiendo el espíritu de Cádiz, marcó un hito en el liberalismo democrático español, en especial en la materia de reconocimiento de los derechos individuales. Y en cuanto a sus colonias americanas, discutieron y aprobaron un artículo que establecía que “las Cortes reformarán el sistema actual de gobierno de las provincias de ultramar, cuando hayan tomado asiento [en ella] los diputados de Cuba y Puerto Rico, para hacer extensiva a las mismas, con las modificaciones que se creyeren necesarias, los derechos consignados en la Constitución”. Con ello dichas Cortes hacían un guiño a los insurrectos cubanos e intentaban reparar la exclusión que habían hecho a los diputados antillanos en las Cortes de 1836-1837.

En resumen, la Constitución de 1869, como bien dice Franco: a) flexi-bilizó la aplicación del “principio de especialidad”, condicionando su articulación para Cuba y Puerto Rico a la presencia en las Cortes de los representantes de dichas provincias; b) incorporó el “principio de asimilación” respecto a los derechos constitucionales que se considerasen aplicables a las Antillas españolas, y c) constitucionalizó el tratamiento asimétrico de Cuba y Puerto Rico respecto de las Filipinas, estableciendo que el régimen por el que se gobernarían las provincias españolas correspondientes al archipiélago filipino sería gobernado por una ley especial.

Después de un efímero interregno de experiencia republicana (la Primera República en 1873) que propuso un gobierno federalizante en su Proyecto de Constitución Federal de la República Española, presentado en las Cortes Constituyentes en julio de 1873 —proyecto que nunca se promulgó—, se dio paso a la Constitución española de 1876, un texto conservador —y bien articulado, según Franco— que estableció en su artículo 89 que:

las provincias de ultramar serían gobernadas por leyes especiales: pero el Gobierno queda autorizado para aplicar las mismas, con las modificaciones que juzgue convenientes y dando cuenta a las Cortes [de] las leyes promulgadas o que se promulguen para la Península. Cuba y Puerto Rico serán representadas en las Cortes del reino en la forma que determine una ley especial que podrá ser diversa para cada una de las dos provincias.

En resumen, una vuelta al “principio de especialidad” consignado en los textos anteriores de 1837 y 1845, pero condicionado por la guerra de Cuba. Como bien dice el autor:

la también denominada Constitución canovista [el proyecto se debió al entonces primer ministro Antonio Cánovas del Castillo] sería, en el último cuarto del siglo XIX, el fundamento normativo de los desesperados intentos de la metrópoli española por preservar a ultranza su soberanía sobre la más valiosa de sus posesiones ultramarinas: Cuba, la perla de las Antillas.

La Constitución canovista sería también el fundamento constitucional del proyecto descentralizador de Antonio Maura (1893), de la mal llamada Constitución Autonómica de 1897, basada en la “Fórmula Abarzua” de dos años antes, que nunca se aplicaría por llegar tardíamente, cuando se iniciaba la segunda guerra de independencia hispano-cubana (la de José Martí) que culminaría con la intromisión de los estadounidenses (guerra hispano-cubano-americana) en 1898, y la pérdida de Cuba y Puerto Rico para la Corona. La ceguera de las autoridades españolas ante los problemas de sus provincias insulares culminó con la pérdida de los restos de su imperio. De ahí el lamento de los españoles ante las catástrofes: “más se perdió en Cuba”.

Quiero además añadir que resulta especialmente interesante la propuesta metodológica y conceptual que hace el profesor Franco en este libro al enfocar el problema que se plantea desde un punto de vista estrictamente jurídico, y de considerar que en Cuba sólo hubo una tendencia descentralizadora de carácter unitario que evolucionó gradualmente a lo largo del siglo XIX, conforme al desarrollo de la política colonial española en la Gran Antilla, de modo que a su juicio las etapas etiquetadas como “autonomista” y “reformista” no son más que dos momentos de una misma tendencia jurídico-política. También dejar constancia de que se trata de un enfoque metodológico y conceptual innovador para el estudio de la historia del constitucionalismo cubano, desde que éste fuera fijado, a mediados del siglo pasado, por los fundadores de la disciplina en Cuba, mis maestros en la Universidad de La Habana, los profesores Juan Clemente Zamora, Ramón Infiesta y Enrique Hernández Corujo, quienes fundaron una “escuela”, a la cual me honro en pertenecer.

Y, asimismo, debo añadir que, desde un punto de vista formal, está escrita con la estructura, profundidad y claridad en la expresión que los romanistas —y yo lo soy— atribuyen a los juristas del periodo clásico. Y es el resultado de una amplísima investigación basada en una selectiva bibliografía que cuenta con los mejores trabajos de constitucionalistas e historiadores del derecho españoles y cubanos, y en un minucioso trabajo de archivo en los principales acervos de Cuba y España. Y desde un punto de vista de contenido, además de ofrecer una nueva perspectiva de las corrientes autonomistas y reformistas cubanas, todas descentralizadoras, llena una laguna al estudiar minuciosamente los tres primeros proyectos constitucionales elaborados por ilustrados cubanos.

Por último, esta obra que hoy reseño y que también prologué, debido a la pluma de un joven académico de la Universidad de Oviedo, ha recibido una importante presea en España: el premio “Manuel Giménez Abad”. Esto no debe extrañarnos, el profesor Franco ha demostrado en trabajos anteriores su calidad de investigador. Se que el autor está muy honrado al haber recibido por este extenso libro tan importante presea. Yo también me siento muy honrada por haberla prologado y reseñado. Ambos somos cubanos de origen, transterrados a España y México, y académicos dedicados, entre otras líneas de investigación, a la historia del derecho constitucional cubano.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s