La Real Isla de León y la soberanía nacional.

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De las Cortes de 1810 emana el concepto de una España indivisible.

Para conocer el origen de la soberanía nacional en España, ineludiblemente hay que retroceder a tierras gaditanas y al 24 de septiembre de 1810, en el que las Cortes Generales y Extraordinarias se congregaron en la villa de la Real Isla de León. Una fecha nunca suficientemente ponderada.

Aquel día, una vez que los representantes de la nación se hallaron en el teatro preparado como Cámara de las sesiones, y después de retirarse la Regencia, trataron algunas formalidades preliminares y eligieron presidente y secretario. Seguidamente se leyó la Memoria que los cinco Regentes habían dejado al despedirse del Congreso.

A continuación, tomó la palabra el diputado por Extremadura Diego Muñoz Torrero, quien expuso lo oportuno que resultaría decretar varios principios fundamentales, y concluyó expresando que otro diputado traía preparado un papel sobre tan importante asunto, que podía considerarse una minuta de lo que convenía sancionar.

Las Cortes aceptaron su lectura, que fue verificada por el también diputado extremeño Manuel de Luxán, portador de dicho papel.

Eran alrededor de las dos de la tarde cuando comenzó a debatirse el decreto que debía servir de base a todos los demás que las Cortes expidiesen, cuya discusión duró hasta las once de la noche.

En este intervalo de tiempo de nueve horas, ningún diputado salió del salón. Cada uno de los once puntos fue discutido prolijamente y aprobado con individualidad. Finalmente, el decreto fue sancionado unánimemente y firmado por Ramón Lázaro de Dou y de Bassols, presidente y diputado por Cataluña, y Evaristo Pérez de Castro y Brito, secretario y diputado por Valladolid.

Este gran decreto preconstitucional -“augusto” lo calificó Gaspar Melchor de Jovellanos- significó la piedra fundamental sobre la que construir el nuevo Estado liberal.

En su primer punto quedó establecido: “Los diputados que componen este Congreso y que representan la Nación Española, se declaran legítimamente constituidos en Cortes Generales y Extraordinarias, y que reside en ellas la soberanía nacional”.

Por “nación” entendieron a una entidad abstracta y colectiva, formada por el conjunto de los ciudadanos constituidos en cuerpo político.

Mas, al existir dificultades insuperables para que todos pudieran deliberar directamente sobre los asuntos públicos, esta misión tenía que ser confiada a los representantes libremente elegidos, titulares de un mandato representativo y cuyas decisiones serían expresión de la voluntad general.

En España, la representación nacional recibía el nombre de “Cortes” y sus componentes el de “diputados”, quienes representaban no sólo a sus respectivos electores, sino a toda la nación. De ahí que los parlamentarios fuesen calificados como “representantes de la nación”.

Por “soberanía” conceptuaron la posesión y ejercicio de la autoridad suprema: de un poder absoluto al que todos los demás poderes se hallaban subordinados; de un poder incondicionado y dependiente sólo de sí mismo; de un poder natural y originario, anterior y superior a todo ordenamiento jurídico positivo o derecho consuetudinario; y de un poder imprescriptible cuyo ejercicio era competencia esencial y privativa de la nación.

En consecuencia, sobre ésta no podía existir ninguna otra autoridad.

Por el privativo derecho de soberanía, la nación podía darse las leyes que juzgara convenientes y, por encima de todas, la Constitución o Ley fundamental.

Desde sus inicios, las Cortes Generales y Extraordinarias se reservaron el ejercicio del poder legislativo en toda su extensión y se consideraron un Congreso constituyente.

Más tarde, las mismas Cortes incorporaron tal idea substancial en el artículo tercero de la Constitución de 1812: “La soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”.

Nótese la importancia de la inclusión del adverbio “esencialmente”, que no se encuentra en el decreto del 24 de septiembre de 1810.

Con ello se quiso significar que el derecho de soberanía le pertenecía a la nación y sólo a ella.

Confróntese con lo que, al respecto, se contuvo en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789): “El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo pueden ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella”.

Un aspecto del mayor interés era el correspondiente al de la soberanía del rey y su ejercicio.

Para los primeros “padres de la patria” -como fueron aclamados por el pueblo el mismo 24 de septiembre-, cuando la nación se constituyó en monarquía depositó en los reyes la autoridad necesaria para que la gobernasen, pero conservando siempre sus derechos que eran propios e inalienables.

Si los monarcas se titularon “soberanos”, lo hicieron en cuanto depositarios de la soberanía nacional y, por consiguiente, con una autoridad inferior a la de la nación.

Por esta razón, cuando Carlos IV y Fernando VII efectuaron las ignominiosas renuncias de Bayona a favor de Napoleón -con independencia de que hubieran sido hechas con violencia o con libertad plena-, las mismas fueron nulas por naturaleza, ya que sin el consentimiento de la nación no podía entrar a reinar una nueva dinastía.

Por eso la mayor parte de los españoles reputaron a José I Bonaparte como un rey intruso.

En esto radicó la clave de la resistencia al invasor y la justificación de la guerra.

Si la soberanía hubiera pertenecido a la familia reinante, los españoles no hubieran tenido derecho a oponerse. Napoleón -paradójicamente, un hijo de la Revolución Francesa- quiso hacer creer que la corona de España le correspondía por las cesiones referidas y que quienes no aceptasen a su hermano como rey eran unos insurrectos contra la autoridad “legítimamente” establecida.

Franceses y afrancesados consideraron a las Cortes reunidas en la Isla de León como sedicentes e ilegítimas: una reunión de “facciosos que tomaron el nombre de diputados”.

Sin embargo, fue el primer Congreso Nacional el que llevó a la España del Antiguo Régimen ante el Tribunal de la Razón y la condenó el venturoso 24 de septiembre de 1810.

La revolución liberal amaneció con nuevas palabras y sagrados conceptos. Surgió entonces una nación soberana e indivisible, constituida por hombres libres e iguales en derechos, cuyo carácter esencial era el de ser ciudadanos, con independencia de todo lo demás: posición social, riqueza o lugar en el que se habitara.

La voluntad común se erigía así como superior a toda voluntad particular o de grupo.

Atrás quedó la injusta y caduca sociedad estamental basada en las diferencias y los privilegios entre individuos y territorios.

Al respecto, Emmanuel Sieyès en su Essai sur les privilèges (1788) ya había advertido que “el privilegio es una dispensa para el que lo obtiene y un desaliento para los demás”.

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